Resumen:
La disminución de los recursos sociales destinados al gasto público y la consiguiente necesidad de redistribuir esos recursos de una manera más equitativa y racional obligan al replanteamiento del actual sistema de financiación del sector de las minusvalías que, a juicio del autor, absorbe una cantidad tal de recursos que podría hipotecar la cobertura del resto de los programas. Para evitarlo, se propone el establecimiento de una política de aportaciones progresivas de los usuarios en función de sus disponibilidades económicas. Ello se traduciría en una mayor presión sobre el usuario y su entorno, refrendada, según el autor, por la nueva Ley de Servicios Sociales. El nuevo modelo de financiación exige un análisis de los costes desde una perspectiva mixta, de equilibrio entre lo técnico-asistencial y lo económico-financiero, en el que la estimación de la capacidad económica del usuario y un cálculo más afinado de los costes pasan a ser un elemento central.
