Resumen:
En Argentina, el 13 % de la población tiene algún tipo de discapacidad, condición que implica desigualdades en la participación social de este conjunto. El marco normativo vigente resulta avanzado en la materia aunque no llega a generar acciones orientadas a cambios de conductas y mejores condiciones de vida para estas personas (Acuña y Bulit Goñi, 2010; REDI et al., 2012). El Estado controla y disciplina el acceso de las personas a los sistemas de producción, consumo y ciudadanía. Desde este punto de vista, la discapacidad se define a partir de la exclusión del sistema productivo y de la expulsión de determinadas corporalidades de la producción de bienes y servicios (Oliver, 1998). Este modo de construir socialmente las oportunidades de accesos materiales y simbólicos de las personas con discapacidad, excluidas del mundo del trabajo, supone la construcción de su dependencia y el incremento de la necesidad de cuidados. De allí, que el objetivo de este artículo sea reconstruir las políticas públicas en discapacidad mediante el análisis de sus principales leyes y las condiciones de vida de estas personas. A tal fin se consultó: normativa específica, literatura especializada y datos cuantitativos provenientes de diferentes fuentes secundarias disponibles en Argentina.
