Resumen:
Este informe, el décimo anual consecutivo elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), analiza la aplicación en España de la Convención sobre los derechos humanos de este colectivo. A partir de las consultas y denuncias de vulneración de derechos de personas con discapacidad recibidas por el propio Cermi, las acciones emprendidas como consecuencia del trabajo propio de la entidad, las consultas y denuncias de personas y entidades colaboradoras, las noticias publicadas en prensa o difundidas en redes sociales, así como la actividad de los diferentes operadores jurídicos, se exponen las vulneraciones de derechos y también los avances producidos, las propuestas de cambio realizadas y, en general, las tendencias detectadas.<br><br>El informe muestra que nuestro ordenamiento jurídico continúa lejano a los mandatos de la Convención, y que la efectividad de los compromisos de los tratados y los dictámenes de derechos humanos ratificados por España sigue siendo tibia o inexistente. De nuevo, se constata que la accesibilidad sigue siendo un punto crítico que se ha manifestado principalmente en dos esferas, por un lado, la que tiene que ver con el artículo 20 de movilidad personal y, por otro, en lo relativo al artículo 28 sobre nivel de vida adecuado y protección social. Entre los aspectos positivos, las conclusiones destacan que el año 2018 debe recordarse como el año en el que todas las personas con discapacidad, sin excepción, conquistaron el derecho al voto; también tuvo lugar la reforma del Código Civil y demás legislación civil para adecuarlos a la Convención de la ONU; la reforma del artículo 49 de la Constitución, relativo a los derechos de las personas con discapacidad; así como avances en materia de sostenibilidad económica del Tercer Sector.