Resumen:
La principal conclusión de este estudio, realizado por Patricia Cuenca, investigadora del Instituto de Derechos Humanos 'Bartolomé de las Casas', es que la Ley Orgánica Penitenciaria y el Reglamento que la desarrolla no tienen en cuenta la situación y las necesidades específicas de las más de 4.800 personas con discapacidad internas en las cárceles españolas, el 9,5% de la población reclusa. En él, en primer lugar, se realiza una aproximación al marco normativo de la Convención en lo que afecta al ámbito penitenciario y se plantean las principales modificaciones que la incorporación de dicho marco exige introducir en la Ley Orgánica General Penitenciaria y en el Reglamento Penitenciario, teniendo en cuenta también la normativa española en materia de discapacidad. Se plantean 46 propuestas de reforma como, por ejemplo, incorporar explícitamente en la ley y su reglamento a la 'discapacidad', así como la prohibición de discriminación por motivos de discapacidad y el deber de promoción y protección de los derechos de este colectivo, y la alusión al derecho de protección de la salud mental, entre otras. Con este documento se pretende contribuir a la urgente tarea de adaptar la normativa penitenciaria española a los mandatos de la Convención.
