Resumen:
Este protocolo, realizado junto a otras entidades de la discapacidad como ONCE, CNSE, Fiapas, Cocemfe o FASOCIDE, da respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad que acceden a prisión. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, aunque ya se firmó un convenio entre Plena inclusión e Instituciones Penitenciarias en 2006, este protocolo contiene algunas pautas para facilitar la comunicación con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, así como un cuestionario sencillo para poder detectar este tipo de discapacidad entre la población reclusa. Algo muy importante, puesto que se calcula que el 70% de las personas con esta discapacidad en prisión, fue detectada una vez estando reclusa. Además, el protocolo garantiza la participación de profesionales de Plena inclusión en las reuniones del Equipo Técnico de los diferentes centros penitenciarios cuando traten asuntos relacionados a los y las internas que estén atendidos dentro del Programa.
