Resumen:
El presente artículo supone una breve revisión, desde un punto de vista socio-jurídico, de la especial vulnerabilidad e interseccionalidad que afecta a dos colectivos de personas que, a juicio del autor, deben ser objeto de una específica protección jurídica: las personas menores de edad y las personas con discapacidad. Sobre esta especial vulnerabilidad que les diferencia de sus pares sin ella, surge la necesidad de identificar un sujeto de derecho independiente sobre el cual establecer una autónoma protección jurídica: el menor con discapacidad. Se expondrán los motivos y razonamientos socio-jurídicos que, a nuestro entender, justifican la necesidad de crear una configuración legislativa unitaria, inexistente hasta la fecha, que englobe la protección jurídica conjunta de un colectivo específico y doblemente vulnerable, y que a día de hoy tiene sus derechos reconocidos de forma dispersa, residual, e incluso inconexa, lo que dificulta el ejercicio efectivo y práctico de los mismos.
