Resumen:
Uno de los grandes déficits de las políticas públicas de discapacidad puede cifrarse en la accesibilidad; muchas ciudades y pueblos, medios de transporte y las nuevas tecnologías entre otros ejemplos siguen siendo hostiles, siguen excluyendo por ausencia de accesibilidad, a las personas con discapacidad. Sólo desde la aprobación de la Ley 51/2003, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal la accesibilidad ha comenzado a considerarse en el plano legal como un presupuesto esencial para el ejercicio de derechos fundamentales de la persona. Sin embargo, todavía hay muchos aspectos que mejorar; la dispersión y hasta la confusión de normas, su antigüedad y desfase en bastantes casos, la deficiente aplicación y seguimiento de las mismas, incluso la ausencia de obras divulgativas sobre esta materia, hacen que la acción pública en materia de accesibilidad siga siendo más necesaria que nunca. Esta comprobación de la necesidad de seguir actuando, ha llevado a CERMI a formular tres propuestas legislativas; la primera de ellas propone la modificación de las leyes de Propiedad Horizontal, la de Arrendamientos Urbanos, el Código Civil y la Ley 49/2003 a fin de favorecer la ejecución de obras de accesibilidad para que los inmuebles puedan ser utilizados por las personas con discapacidad. La segunda propuesta plantea la articulación de un precepto legal, de aplicación estatal, en el que se establezca un sistema de autorización administrativa y control de las actividades constructivas. En tercer lugar, el CERMI propone un Proyecto de Ley por el que se crea el Fondo Estatal de Promoción de Accesibilidad de las Personas con Discapacidad.
