Resumen:
La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD) supuso una conquista de los ciudadanos, al lograr que el Estado reconociera el derecho de las personas en situación de dependencia a ser objeto de protección social pública, asegurando que ninguna persona en dicha situación pudiera quedar desprotegida por circunstancias familiares o económicas, superando la visión benéfica de la política social. El presente artículo sintetiza de los impactos de las medidas de estabilidad presupuestarias lideradas por el Real Decreto Ley 20/2012, que, bajo el pretexto de la sostenibilidad del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), ha supuesto un retroceso del nivel de protección social definido en la Ley 39/2006, recortando derechos de las personas beneficiarias, rebajando la calidad asistencial de las prestaciones, aumentando la mercantilización de los servicios, disminuyendo la financiación pública y aumentando la presión contributiva de los usuarios. La disminución del gasto público en los tres primeros ejercicios de la aplicación de las medidas de estabilidad presupuestaria se estima en casi 9.000 millones de euros, lo que equivale al gasto global de un ejercicio incluyendo la atención a las personas con dependencia moderada, y sitúa el gasto en atención a la dependencia en alrededor del 0,7 % del PIB, por debajo del 1 % proyectado por la LAPAD y un punto porcentual por debajo de la media de los países de la Unión Europea.
