En este informe se ofrecen datos cuantitativos sobre las compras públicas TIC relacionadas con la accesibilidad, así como un análisis de las palabras clave más significativas aparecidas en las mismas. Es el primer informe de compras públicas TIC relacionadas con la accesibilidad publicado en España. Las compras públicas tienen un carácter estratégico e impulsor. En este informe se destaca la importancia de la inclusión de requisitos de accesibilidad en todas las fases de la contratación de productos y servicios TIC con especial incidencia en su incorporación en el pliego técnico de licitaciones. El objetivo es conseguir garantizar que los productos y servicios TIC que compren las Administraciones Públicas y cuyos destinatarios son personas físicas, ya sea público en general o el personas de las Administraciones Públicas, sean accesibles para todas las personas.
Este informe pretende ser una herramienta para lograr la accesibilidad de los productos y servicios TIC que compren las administraciones públicas y cuyos destinatarios son las personas físicas. De este modo, se facilita a proveedores y administraciones el conocimiento de las leyes, directivas y normas que se deben tener en cuenta para garantizar que se contempla la accesibilidad en las licitaciones TIC, como son la Directiva 2014/24/UE o el proyecto de Ley de Contratos del Sector público, entre otras. En el documento se proporcionan datos cuantitativos y se muestra la evolución que las compras públicas TIC relacionadas con la accesibilidad han tenido entre 2011 y 2015. Se indica que alcanzan un importe de 10.626 millones de euros, representando un 58% del total de licitaciones TIC en dicho periodo. El importe medio por licitación TIC accesible fue de 840.000 euros, ligeramente superior a los 780.000 euros de la media del total de licitaciones TIC. Se analizan además dos directivas europeas que tendrán gran importancia en este ámbito en un futuro próximo: la Directiva 2016/2102 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público; y la propuesta de directiva sobre requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, también conocida como “Acta Europea de Accesibilidad”.
