Resumen:
La realidad nos acerca cada vez más a un escenario de justicia revolucionario debido a la implantación de nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración de Justicia. La nueva justicia digital debe ser desarrollada sin merma alguna de garantías procesales y, fundamentalmente, sin que suponga un retroceso en el avance de lograr un acceso a aquella de todas las personas en igualdad de condiciones, con la finalidad de lograr la cohesión social. En este sentido, las personas en situación de discapacidad se encuentran en una posición, digamos paradójica, respecto a este nuevo escenario; por un lado, pueden aprovechar las ventajas que ofrece la digitalización para ellos; por otro, la brecha digital multiforme se puede ver ensanchada precisamente por razón de su situación.
