Laburpena:
Las personas con discapacidad siguen enfrentándose a grandes dificultades para conseguir un puesto de trabajo. Prueba de ello es su baja tasa de empleo, que ronda el 30%, cuando la cifra correspondiente a la población general se sitúa en torno al 58%. Las cláusulas sociales se perfilan, a este respecto, como una de las herramientas más útiles de las políticas de activación del empleo, tanto en el sector privado como en el público. Este último tiene, además de una mayor responsabilidad moral en el uso de estos instrumentos, el deber legal de utilizarlos. Con el objetivo de propiciar la efectiva implementación de estos criterios en los contratos públicos, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha editado esta guía.
La obra explica qué son las cláusulas sociales, para qué sirven, a quiénes benefician y cómo se articulan en nuestro ordenamiento jurídico, fundamentalmente a través de la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley sobre Procedimientos de Contratación en Sectores Especiales. Asimismo, el CERMI plantea algunas propuestas para aplicar lo dispuesto en la normativa española, incluidas varias sobre la acreditación del cumplimiento de la cláusula de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, que, como es bien sabido, es ampliamente ignorada por las empresas privadas.
