Resumen:
Los recortes económicos que imponen los políticos y “los mercados” con el pretexto de la crisis, atacan el estado de bienestar. En el caso de las personas con discapacidad, la disminución de los servicios y recursos que ellos precisan atenta directamente a sus derechos fundamentales como personas y a su desarrollo y participación sociales, tradicionalmente dificultados por los contextos poco inclusivos. El artículo analiza los riesgos en la aplicación de estos recortes a las personas con discapacidad. Tras fundamentar la intangibilidad de sus derechos, se insiste en la necesidad de aplicar las Declaraciones nacionales e internacionales que garantizan su desarrollo equitativo como ciudadanos. La educación inclusiva se presenta como parte de estas conquistas legislativas, como estrategia pedagógica y, sobre todo, como herramienta irrenunciable para mantener una cohesión social que incluya a las personas con discapacidad. Una educación inclusiva debe desarrollar una cultura no excluyente y culminar en una sociedad inclusiva.
