Laburpena:
Sin suficientes recursos económicos y apoyos específicos es imposible que las personas con discapacidad intelectual puedan ejercer todos sus derechos y participar en la sociedad en igualdad de condiciones. A través de este estudio, la organización Plena Inclusión analiza el sistema de protección social y valora en qué medida compensa o no los costes económicos extras que estas personas y sus familias afrontan. En él se describen 99 prestaciones estatales y autonómicas al alcance de las personas con discapacidad y sus familias, pero el análisis global pone en evidencia las limitaciones de estos recursos para asegurar la protección social. En concreto, Plena Inclusión destaca la falta de cobertura económica de estas prestaciones –incapaces de compensar– el sobrecoste que supone la atención a las personas con discapacidad y sus familias, la dificultad de acceso a los recursos disponibles, y por último, la disparidad de ayudas entre comunidades autónomas. A partir de este diagnóstico, el informe propone medidas que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias para avanzar hacia una sociedad equitativa.
