Resumen:
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de la ONU, supuso un avance histórico en el ámbito de la discapacidad al reconocer que el derecho a la educación implicaba el derecho a una educación inclusiva de calidad, afianzándose así una evolución normativa proveniente de anteriores instrumentos internacionales. Desde el 3 de mayo de 2008, la Convención forma parte del ordenamiento jurídico español, lo que implica que el Estado está obligado a modificar las leyes nacionales que no se correspondan con lo establecido en ella. Sin embargo, diferentes informes han puesto de manifiesto la debilidad de su implantación en España, con el consiguiente incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Estas dificultades a la hora de establecer una verdadera educación inclusiva dejan ver cómo en el ámbito educativo se siguen perpetuando concepciones y prácticas capacitista.
