A cada lado. Informe sobre la situación de personas con discapacidad intelectual reclusas y ex-reclusas en España

Abstract

El presente informe muestra los resultados de un estudio realizado por Plena Inclusión sobre la realidad de las personas con discapacidad intelectual en prisión a partir de las respuestas de 367 personas que han estado o están privadas de libertad en España. Se recoge, en primer lugar, su justificación, la normativa más relevante, su metodología y el perfil de las personas participantes. Entre otros resultados, se señala que el 53,9% de las personas entrevistadas son drogodependientes y el 28,1% presentan conductas problemáticas o desafiantes y queda patente que, en general, las personas reclusas con discapacidad intelectual tienen unas necesidades de apoyo extensas y complejas. Por otra parte, se analizan los procedimientos judiciales, indicándose que únicamente en el 31% de los mismos se ha tenido en cuenta la situación de discapacidad, lo que sugiere una alta probabilidad de que durante el proceso se hayan vulnerado los derechos de la persona debido a la falta de comprensión y/o comunicación o de la imposibilidad de ejercer adecuadamente el derecho de defensa. La vida en los centros penitenciarios es otro de los aspectos analizados en el informe, donde el 94% de las personas entrevistadas cumplen su condena. Sólo en el 3% de los casos se suspenden o sustituyen las penas, a pesar de que el medio penitenciario es el menos adecuado para su rehabilitación. También se observa cómo tras su puesta en libertad estas personas se encuentran en alto riesgo de pobreza y/o exclusión y tienen una tasa de reincidencia casi 20 puntos por encima de la de la población general. El empleo y la presencia de fuertes lazos familiares, siempre que sean un apoyo, son factores clave para evitar la reincidencia, así como el contacto con las organizaciones de Plena Inclusión. Señalar que, para cada uno de los bloques abordados en el estudio, se aportan propuestas de actuación, destacando la generalización de la puesta en marcha de la figura de la persona facilitadora para los procesos judiciales.