Las lógicas de la política educativa exclusiva: reacción de la academia ante una (im)posible democratización del conocimiento

Abstract

El presente trabajo intenta comunicar algunas reflexiones en torno al abordaje de la inclusión educativa de las personas llamadas discapacitadas en las instituciones de educación superior. Se plantea que el ingreso a la educación superior de grupos minoritarios, interpela y pone en cuestión el “régimen de organización” de las universidades. Particularmente sus modalidades de producir, almacenar, comunicar y disponer el conocimiento, es decir, los modos tradicionales de gestión del conocimiento y la información. En ese sentido, devela la existencia de lo que se denomina normalidad académica. El artículo se organiza en tres apartados. En primer lugar, se aborda el concepto de accesibilidad, y se revisan brevemente algunas interpretaciones que predominan en nuestro medio, y que son insuficientes para comprender su complejidad. En segundo término, se hace referencia a uno de los principios fundamentales que debe sustentar la formación de políticas educativas inclusivas, se hace alusión a la transversalización de la perspectiva de la accesibilidad. Se plantea que asumir este principio implica el desafío institucional de incorporar las directrices del paradigma del Diseño Universal en la gestión de políticas educativas de nivel superior. En tercer lugar, se exponen las lógicas que parecen fundamentar el diseño e implementación de políticas en aquellas instituciones que asumieron una posición activa respecto a la inclusión de los denominados “grupos minoritarios”. Se hace alusión a las lógicas de la adaptación, la especialización y la discriminación positiva. Finalmente en las conclusiones, se plantea que las medidas de política educativa asentadas en esas tres lógicas, constituyen una reacción de la academia ante el proceso de reforma institucional que supone la gestión e implementación de políticas inclusivas y la democratización del conocimiento. Medidas que difícilmente favorezcan el ejercicio pleno de derechos fundamentales de este sector de la población estudiantil.